ESTADO QUE ACOGE

Planteamos  retos y desafíos para funcionarios de gobierno con responsabilidades en el tema de  migración, los cuales mencionamos a continuación: 

a)      El diseño e implementación de una política de desarrollo integral, que aborde  las causas estructurales que provocan la emigración forzada de  la población guatemalteca, para dar respuestas inmediatas y duraderas a las necesidades de los ciudadanos: alimentación, salud, vivienda, trabajo, salarios dignos, oportunidades para la educación, infraestructura carretera y seguridad ciudadana.

b)      La creación e implementación de una política migratoria nacional e integral, que aborde las migraciones desde una perspectiva de país de origen, transito, destino y retorno. Que tome en cuenta la protección de grupos vulnerables en el proceso migratorio, tales como: emigrantes, inmigrantes de otras nacionalidades en Guatemala, migrantes guatemaltecos en el exterior, trabajadores guatemaltecos agrícolas por temporada en el exterior (México, Estados Unidos y Canadá), Niños, Niñas y Adolescentes migrantes no acompañados, deportados de México y Estados Unidos, y Refugiados.

c)      La reforma de la actual Ley de Migración de Guatemala (Decreto número 95-98 del Congreso de la República de Guatemala), la cual es considerada obsoleta y con serias imprecisiones y lagunas legales y de procedimiento, que permite y confiere acciones arbitrarias y graves violaciones a derechos humanos de los migrantes; además de no responder a los desafíos que la realidad migratoria nacional, regional e internacional nos plantea, y no estar adecuada a la normativa internacional en la materia, como la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, conocida como la Convención de 1990.

Al respecto, actualmente en el Congreso de la República de Guatemala, se encuentra la iniciativa de ley 4126, que busca reformar la actual Ley de Migración de Guatemala y en consecuencia la institucionalidad migratoria, para que tenga un abordaje institucional autónomo, profesional y descentralizado.

d)      Reformar la actual Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala –CONAMIGUA- (Decreto número 46-2007 del Congreso de la República de Guatemala), que contiene fuertes vacíos de forma y de fondo (lo cual favorece políticamente a funcionarios de gobierno y parlamentarios); y para una adecuada y efectiva atención de las migraciones en general y de los migrantes guatemaltecos en el exterior.

e)      Fortalecer la asistencia y protección consular a los migrantes guatemaltecos en el exterior, quienes son constantes víctimas de la aplicación de políticas xenófobas y antiinmigrantes, y leyes de migración que vulneran procedimientos y derechos humanos de los migrantes en tránsito y destino, tal es el caso de la Ley de Migración de México, leyes y políticas regionales y Estatales antiinmigrantes en Estados Unidos, que orillan a los y las migrantes a buscar nuevas rutas y trasportes peligrosos que ponen en riesgo su vida (Desiertos, montañas, lugares inhóspitos controlados por el crimen organizado que secuestran y extorsionan; tren, otros)

f)       Respetar y atender inmediatamente a los solicitantes de asilo y refugio, ya que hasta el momento el apoyo hacia los mismos únicamente consiste en otorgar un documento temporal de estadía que no les permite identificarse plenamente ni laborar para generar su propio sustento.  Tampoco existen programas de asistencia en caso de emergencias, ni acceso a programas de salud o educación.   Luego de que un solicitante de la condición de refugiado es reconocido como tal, se le documenta con una cédula que no es conocida siquiera por las mismas autoridades y que genera desconfianza y actos discriminatorios por parte de autoridades bancarias, educativas, crediticias, de salud, policíacas, etc.  No basta con “autorizar” la permanencia en el país si las personas refugiadas y solicitantes de asilo no pueden insertarse total, efectiva y productivamente en el país que les acoge.  Es necesario que se les apoye para que puedan integrarse de tal forma, que puedan ser independientes y sentirse seguros y protegidos.  El Estado debe asumir la responsabilidad integral de protección que los compromisos internacionales que ha firmado le obligan, cumplir adecuadamente con el reglamento respectivo (Acuerdo Gubernativo 383-2001) y ser solidario con las necesidades de aquellos que por circunstancias adversas se vieron forzados a dejar su familia, costumbres, trabajo, sueños y esperanzas en búsqueda de seguridad en nuestro país y que muchas veces nuevamente ven violados sus derechos básicos y fundamentales.

g)      Fortalecer los espacios de diálogo y encuentro entre los gobiernos de Guatemala y México, especialmente para abordar el tema de los migrantes en tránsito y del flujo de trabajadores temporales.

h)      Atención a  Niños, Niñas y Adolescentes migrantes. Fortalecer el sistema de protección y atención de los niños, niñas y adolescentes migrantes, especialmente de los grupos que son deportados y devueltos de Estados Unidos y de México. Es necesario y urgente que las instituciones públicas encargadas, afinen y perfeccionen los procesos de articulación y coordinación interinstitucional a favor de la atención integral de los NNA migrantes. Es urgente visibilizar la situación que enfrentan los hijos e hijas que tienen a sus padres en el exterior y los diferentes impactos que está provocando.

i)        Trabajadores Temporales Transfronterizos e Internacionales. Existe la necesidad y acción urgente de involucramiento de instituciones y órganos de gobierno en el proceso de contratación de guatemaltecos para laborar en el exterior (México, Estados Unidos y Canadá), para fiscalizar los programas de trabajo temporal, los procesos de reclutamiento, traslado y ubicación de los trabajadores migrantes, y el cumplimiento de las condiciones de trabajo y garantía de los derechos laborales. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Relaciones Exteriores y Consulados de Guatemala en el exterior, deben fiscalizar y velar por el cumplimiento de las condiciones de trabajo de los guatemaltecos contratados en el exterior, de acuerdo con lo establecido en los artículos 34 y 35 del Decreto número 1441, Código de Trabajo de Guatemala.

Promover la solidaridad entre los pueblos y entre las personas es tarea de todos, por tal motivo, como cristianos que contemplamos en el migrante el rostro de Cristo, debemos reiterar y practicar  la solidaridad y colaboracion y apoyo a organizaciones  que promueven y defienden los derechos humanos de los y las migrantes.