Comunicado de Prensa El Grupo Articulador de la Sociedad Civil en Materia Migratoria para Guatemala

 

Ante la disposición de militarizar las fronteras de Guatemala con El Salvador y Honduras.

Los Hechos

El pasado miércoles 27 de abril, el gobierno salvadoreño lanzó una estrategia jurídica y operativa nacional para hacerle frente a lo que considera “el problema de las maras”. En respuesta a ello, el Ministerio de Gobernación de Guatemala anunció el jueves 28 de abril, la implementación de planes operativos para reforzar la seguridad fronteriza con El Salvador y Honduras, y mantener especial atención a los flujos de pandilleros, para evitar que estos migren hacia nuestro país, o soliciten refugio.

Esta medida se suma a la implementada por Honduras en el mismo sentido.

La Postura del Grupo Articulador:

1. Los Estados deben garantizar los Derechos Humanos de todas las personas. Vemos con preocupación que en la implementación de este tipo de medidas se vulneren los derechos de las personas migrantes y potenciales refugiados, y se contribuya a su criminalización. Sobre todo de aquellas personas que huyen precisamente de la violencia generada por las maras y crimen organizado.

2. Preocupa que los Estados vean en la militarización la única respuesta para garantizar la seguridad nacional. Desde nuestra perspectiva, la respuesta de los Estados ha de ser integral y basada en el enfoque de la seguridad humana y desarrollo sostenible, y no una copia fiel de modelos de seguridad fronteriza que promueven otros Estados, lo que ha sido criticado por nuestros países, precisamente por vulnerar los Derechos Humanos de las personas migrantes.

3. De no definirse con claridad procedimientos y criterios como la temporalidad de las medidas a ser implementadas en fronteras, existe el riesgo de que no sean efectivas y provoquen situaciones adversas a la seguridad de los países y que  puedan ser aprovechadas por las redes del Crimen Organizado, Trata y Tráfico de personas, entre otros.

4. Consideramos que el CA-4 es un avance para la libre movilidad de personas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Vemos con preocupación que los avances reconocidos en este instrumento regional sean afectados por este tipo de disposiciones.

5. En aras de garantizar el respeto a los Derechos Humanos de las personas migrantes, solicitamos a las autoridades la definición de criterios objetivos que eviten la discrecionalidad al momento de identificar y perfilar a aquellas personas que crucen las frontera; y los mecanismos que se implementarán para cumplir el debido proceso en cada caso.

6. Solicitamos a los Procuradores de Derechos Humanos de la Región, al ACNUR, OIM, SICA y a las organizaciones de Sociedad Civil una observación permanente a los largo de la implementación de estas disposiciones

7. Como sociedad civil organizada alrededor de esta problemática, estaremos atentos y vigilantes a todo el proceso.

Guatemala, 28 de abril del 2016.

Organizaciones firmantes.

Asociación Pop No’j; American Friends Service Committee; Centro de Estudios de Guatemala -CEG-; Consejería en Proyectos -PCS-; El Refugio de la Niñez; Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial -ECAP-; Federación Luterana Mundial, Programa Centroamérica; Fundación Myrna Mack; Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo -INCEDES-; Instituto de Investigaciones Histórica, Antropológicas y Arqueológicas -IIHAA- Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala; Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales, Universidad Rafael Landivar; La Alianza; Mesa Nacional para la Migraciones en Guatemala -MENAMIG-; Misioneros de San Carlos Scalabrinianos, Casas del Migrante de Guatemala y Tecún Umán; Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala; Red por la Paz y Desarrollo de Guatemala.

Documento: Comunicado de Prensa GA 03.05.16